En la sociedad española ha calado el escándalo por mucho que las hipotéticas consecuencias penales o deportivas estén aún por ver. Así, el 69,2% de los encuestados por Sigma Dos para EL MUNDO cree que el Fútbol Club Barcelona «debería» ser sancionado.
En España, sin embargo, la vía administrativa queda bloqueada. El plazo de prescripción de las infracciones «muy graves» es de tres años desde la Ley del Deporte de 1990, el mismo tiempo que recoge la nueva Ley de 2022. Y el Barcelona pagó su última factura a José María Enríquez Negreira en 2018 -la relación comercial está acreditada desde 2001, y reportó al ex árbitro 6,6 millones de euros-.
La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, elaborada entre el pasado 24 de febrero y el 2 de marzo a partir de 1.772 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en España, ofrece matices políticos a la recepción del escándalo en la sociedad. Son los votantes del PP (82,4%) y Vox (81,9%) quienes más reclaman sanciones para el club azulgrana. Algo más comedidos se muestran los votantes de la coalición gubernamental respecto a un hipotético castigo, pidiéndolo el 75,6% de los votantes socialistas, y el 69,9% de los de Unidas Podemos.
El sondeo, en cualquier caso, certifica la suma desconfianza de la sociedad respecto al funcionamiento del fútbol profesional en España. De hecho, el 88,6% de los encuestados considera que existe «corrupción» en el fútbol español.
El 77,5% de los encuestados entiende que existe «mucha» o «bastante» corrupción en el fútbol patrio. Apenas el 11,1% considera que ésta es «poca», y sólo el 2,1% vislumbra una total limpieza de las competiciones profesionales en España.
Los electores del Partido Popular, pese a su firmeza en cuanto a la petición de sanciones contra el Barcelona, mantienen sin embargo una posición algo más tibia en cuanto a su percepción de la corrupción en el fútbol profesional español. El 33,3% de sus votantes cree que hay «mucha». Y el 14,7% mantiene que hay «poca».
