Los españoles mantienen una elevada sensibilidad crítica ante la proliferación de casos de corrupción en los últimos años, coincidentes con la crisis económica. Esa circunstancia -según el CIS, sigue siendo el segundo problema más grave para los ciudadanos- explica los contundentes porcentajes que ofrece el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO cuando se pregunta a los encuestados por su valoración de la respuesta que han dado los tribunales a dos de los procedimientos de mayor relevancia pública: el caso Nóos y el de las tarjetas black de Cajamadrid.

Casi las dos terceras partes -el 64,4%- creen que los dirigentes políticos deben dimitir en cuanto son imputados en casos de corrupción, tal como pretendía Ciudadanos inicialmente en el pacto de investidura que suscribió con el PP, que de hecho apartó a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá en cuanto alcanzó esa categoría procesal. De hacerse así, también el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tendría que abandonar.

El 23,3% de los ciudadanos opina en cambio que el momento de ser apartado del cargo tiene que esperar hasta que se dicte sentencia condenatoria, y sólo el 10,5% considera que los partidos deben forzar la salida de un dirigente imputado cuando concluya la instrucción de la causa y se ordene la apertura del juicio oral. Ésta es la posición que defiende con ciertas prevenciones el PP en su Código Ético y la que ha incluido Ciudadanos en su proposición de ley integral anticorrupción.

Los votantes a partidos de izquierda son especialmente duros al exigir que los cargos sean apartados en el momento de la imputación -así lo piden el 73,5% de los socialistas y el 82,2% de los de Podemos-. Aunque los porcentajes de esa respuesta son mayoritarios entre todos los electores, en el caso de los del PP están mucho más ajustados: el 40,2% de quienes votaron a Mariano Rajoy el 26-J piensa que debe esperarse a la condena firme.

 

En este sentido, no sorprende la abrumadora mayoría de encuestados que considera que la sentencia del caso Nóos ha sido demasiado blanda para sus principales protagonistas. El 85,9% de los encuestados por Sigma Dos lo dice respecto de Cristina de Borbón, que fue absuelta con todos los pronunciamientos favorables de los dos delitos fiscales de los que estaba acusada por la acción popular que ejercía Manos Limpias. Sólo un 11% ve adecuada su absolución.

El 87,6% afirma que los seis años y tres meses de cárcel que la Audiencia de Palma le impuso a Iñaki Urdangarin son un escaso castigo, y una cifra también muy elevada -el 76,1%- entiende que no es razonable que se le mantenga en libertad provisional hasta que el Supremo resuelva definitivamente el procedimiento. El tribunal ni siquiera consideró que procediera retirarle el pasaporte ya que se trata de un ciudadano que reside en Suiza. Apenas a un 21,7% de los encuestados le parece bien.

Por último, el 82,1% responde asimismo que es demasiado blanda la condena a ocho años de cárcel al socio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres.

 

Una sentencia «blanda» para Rato y Blesa

Los ciudadanos preguntados por Sigma Dos para EL MUNDO tampoco están satisfechos del resultado del juicio por las tarjetas black opacas al Fisco de las que disfrutaron durante una década los consejeros de Cajamadrid para efectuar dispendios a su entera discreción. El 75,1% entiende la sentencia ha sido ‘demasiado blanda’ y sólo el 20,9% la ve ‘adecuada’. En el mismo sentido, las respuestas son inmisericordes para los dos ex presidentes de la entidad juzgados como responsables: en el caso de Miguel Blesa, condenado a seis años, el porcentaje de los que habrían esperado más castigo crece hasta el 77,1%, mientras que en el del ex vicepresidente Rodrigo Rato, sentenciado a cuatro y medio, quienes piensan que esa pena se queda demasiado corta es del 80,1%. Los encuestados que ven la condena ‘demasiado dura’ no llegan al 2%.

 

Fuente: El Mundo