Madrid, 23 de Enero del 2014.-.El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) Juan Carlos Estévez presentó en rueda de prensa el resultado de la encuesta de Sigma Dos sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la Procura su impacto en la Administración de la Justicia” y que pone de manifiesto que el 70 por ciento, más de dos tercios de los encuestados, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de Juzgados y funcionarios judiciales consideran que el Proyecto de Ley será perjudicial para el funcionamiento de la justicia.

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramita el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, no satisface a nadie dentro del sector judicial, según se deduce del estudio.

Los profesionales coinciden: el procurador es una pieza clave para una Justicia ágil y eficaz. De acuerdo con los resultados del estudio, El 71,1% de los encuestadosconsideran que los procuradorescontribuyen a agilizar la Justicia. En este sentido, el trabajo de los procuradores es valorado positivamente por la gran mayoría de los profesionales encuestados: Un 82,1 por ciento lo valora “bien” o “muy bien”, frente a un 23.1% que piensan que no ayudan a la agilización.

INCOMPATIBILIDAD ENTRE PROCURADORES Y ABOGADOS

Por otro lado, más de la mitad de los profesionales (el 53,1,%) se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o por un abogado; mientras que el 26,7 % de los entrevistados se manifiestan a favor de la compatibilidad del ejercicio.

Los funcionarios de justicia y los secretarios de juzgados son quienes creen por amplia mayoría quesi finalmente los Colegios de Procuradores dejan de asumir los gastos de notificación a todas las partes intervinientes en el proceso, no solamente la Administración tendrá un mayor gasto, sino que también el ciudadano.

Actualmente, 80 millones de notificaciones se gestionan a través de los procuradores y sus Colegios, con una incidencia de problemas del 0,002%. De no poder hacerse las notificaciones al instante (los procuradores están obligados por Ley a recogerlas diariamente y darle traslado a los abogados y a las partes), las dilaciones en los procesos podrían multiplicarse de manera exponencial. La encuesta de Sigma Dos así lo confirma.

El ACCESO A LA JUSTICIA SERÁ MÁS CARA

La liberalización de los preciostambién redundará en un encarecimiento de los procesos judiciales. Así lo cree el 73,7% de los profesionales, frente al 18,% que opina lo contrario Al igual que tampoco cala entre los profesionales de la Juticia, que un mayor incremento de la competencia signifique mayor rentabilidad y mejores servicios a la ciudadanía: Concretamente el 65,2% estima que esta liberalización “dificultará el control ético de la profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal”.

Consultados sobre el impacto que tendrá este proyecto en las oficinas judiciales, considerando el aumento del número de profesionales que llevarán gestiones en estas oficinas, la mayoría de los actores consultados cree, de aprobarse, este proyecto de ley tendría un impacto negativo en las oficinas judiciales.

Por último, una clara mayoría piensa de que llevarse a cabo el proyecto de Ley, la Administración de Justicia se hará menos eficiente y el 65.1% de los profesionales piensa que esta situación si “afectará a la agilidad en la tramitación de los procedimientos”. La Ley de enjuiciamiento civil obliga al traslado de copias. Al haber muchos más abogados, 150.000 frente a los 10 mil, la Justicia se ralentizará.