Los ciudadanos no comulgan con los argumentos de Pedro Sánchez para justificar la derogación del delito de sedición. La mitad de los españoles se muestra convencido de que la reforma del Código Penal que tramita con urgencia el Gobierno para suprimir este tipo delictivo y sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados es, simple y llanamente, una concesión para contentar a los partidos independentistas beneficiando a los líderes de la intentona contra el Estado de 2017.
El 50,6% de los encuestados por Sigma dos para EL MUNDO cree que la derogación de este delito tiene como objetivo satisfacer una exigencia de los aliados secesionistas de Sánchez y apenas un 31,2% se abona a la explicación del Gobierno según la cual de lo que se trata es de homologar delitos y penas con las legislaciones de los países del entorno.
También más de la mitad de los ciudadanos –52,4%- considera que rebajando las penas que se aplican a hechos como los acontecidos en 2017 en Cataluña lo que se consigue es favorecer que los mismos se repitan.
Con la reforma del Código Penal que auspicia el Gobierno la intentona de 2017 pasaría a ser calificada como un desorden público, lo que implicaría penas que sólo alcanzan a un tercio de las que el Tribunal Supremo aplicó con la figura de la sedición.
Los votantes de PP, Vox y Ciudadanos no albergan dudas y masivamente señalan la derogación de la sedición como un regalo del Ejecutivo a las fuerzas independentistas y nacionalistas -principalmente ERC- cuyos votos le resultan imprescindibles para sacar adelante su política en el Congreso. A la teoría de la concesión se apunta un 83% de los electores populares; un 81,6% de los de Vox y un 86,2% de los de Ciudadanos.
En el caso de los votantes del PSOE, algo más de un tercio, -35,8%- discrepa del argumentario gubernamental y se suma a la mayoría que habla de concesión al secesionismo, en tanto que un 47,4% opta por defender la justificación oficialista de la homologación con Europa.
